Por Horacio Çaró.
Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para hacer uso de las reservas de la Nación no son un ornitorrinco político-administrativo. Por el contrario, los preceden cientos de esos instrumentos, que sus antecesores firmaron sin el republicano apego por el Congreso nacional que hoy algunos exhiben desde el sitial de conspicuos representantes de la oposición. Para citar el ejemplo más extremo, el tan fallecido como homenajeado ex presidente Raúl Alfonsín llegó a decretar el primer cambio de moneda en décadas sin siquiera darse vuelta a saludar al Parlamento, y en épocas en que los DNU eran la negación misma de la Constitución. Si la oposición de esos años hubiera llevado aquel decreto a la Justicia, tal vez la Casa de Moneda jamás hubiese emitido billetes de Austral.
Y acaso el ex juez federal Ricardo Gil Lavedra, por entonces uno de los jueces federales que juzgó a las juntas militares, hubiera avalado lo mismo que, ya blanqueado como dirigente del radicalismo, hoy reprueba con indignado encono.
Los DNU fueron sacralizados por la reforma constitucional de 1994, y formaban parte del Núcleo de Coincidencias Básicas que los equipos de Alfonsín y el presidente de entonces, Carlos Menem, acordaron llevar a la Asamblea Constituyente.
Muchos DNU después –en julio de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner– se aprobó la ley 26.122, que regula la intervención del Congreso en los DNU, precisando que la Jefatura de Gabinete tiene 10 días para remitir cada DNU a la comisión bicameral, la que a su vez tiene que remitir en 10 días hábiles su dictamen.
Desde 1983 a la fecha, nadie ha podido desbancar al hoy quejoso ex presidente interino Eduardo Duhalde, quien ostenta un promedio de 9,3 DNU firmados por mes. El hombre que quiere una República en la que puedan retozar sin cuestionamientos quienes quieren al asesino Jorge Videla fue el presidente que usó los DNU “con mayor intensidad”, según un estudio del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, por cierto un tanque de ideas para nada kirchnerista.
Los 158 DNU de Duhalde podrían ser sólo un número, pero algunos de ellos merecen detenerse para comprobar que los indignados republicanos de hoy desdeñaron las leyes sin culpa y con intenciones inconfesables.
Si bien Duhalde es el autor de la frase “hay cosas que no se pueden hacer en democracia”, en referencia a los DNU que firmó Cristina para liberar reservas y afrontar compromisos externos, él mismo firmó uno cinco días antes de dejar la Casa Rosada en manos de Kirchner.
Pese a que tuvo el tiempo suficiente para intentar cambiar la oprobiosa ley de radiodifusión de la última dictadura militar, Duhalde firmó el DNU 1214/03, una norma que concedía a las provincias la libertad de instalar canales de TV y radios AM, y a los municipios, radios FM. La muy loable iniciativa despreció sin miramientos la intervención del Congreso de la Nación, seguramente a sabiendas de que la composición del mismo y la coyuntura no le otorgaban el número suficiente para sancionar una ley.
Duhalde, y su esposa Hilda, no solamente se opusieron tenazmente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que completa con creces ese parche legal firmado en mayo de 2003, sino que borra con el codo las motivaciones que lo llevaron a esquivar la segura negativa parlamentaria a esos cambios, lo mismo que Cristina intenta hacer ahora. Los que piden el debate de un proyecto de ley para liberar las reservas no acompañaron una sola iniciativa de la Presidenta desde que tomó posesión en diciembre de 2007.
No fue el único reflejo antimonopólico de Duhalde, por estos días apadrinado por Clarín. A fines de 2002, también firmó el decreto 2368/02, autorizando la instalación de un número indeterminado de repetidoras de Canal 7 en todo el territorio nacional, reconociendo la sistemática política de destrucción del canal estatal. Los tiempos cambian: en aquellas épocas el Cabezón era increpado por Carlos Fontán Balestra, presidente de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), y Edmundo Rébora, titular de la Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA), quienes pusieron un ejército de abogados para que estudie “la posibilidad de interponer un recurso administrativo y otro judicial por inconstitucionalidad”, según decía entonces el diario La Nación, que no cambió de bando como el tránsfuga Duhalde.
Aquella advertencia y el producto de aquel ejército leguleyo en operaciones derivó en una apelación de Artear, del Grupo Clarín. Paradójicamente, el expediente que pone en discusión el decreto de Duhalde que habilitó a los gobiernos provinciales a tener canales de televisión y radios de amplitud modulada hoy está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero Chiche y sus amigotes del peronismo disidente no hablan de esos temas. Clarín tampoco.
Carlos Menem, quien dictó más de 500 DNU se hizo célebre por firmar uno que recortaba las asignaciones familiares en salarios superiores a 1000 pesos, pese a lo cual hoy habla como un tribuno de la República que reprueba las acciones de Cristina. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de ese decreto tan progresista.
Que uno de los máximos críticos de los DNU firmados por la jefa de Estado para liberar las reservas que acumularon su gobierno y el anterior sea el titular de la bancada del radicalismo, Oscar Aguad, debería motivar mayor indignación entre las filas de los medios que reclaman institucionalidad y republicanismo. El probo legislador fue procesado por la Justicia de la provincia de Corrientes por la comisión del delito de “administración infiel” mientras se desempeñó como interventor de la capital correntina.
“Aguad fue procesado en el marco de una causa en la que se investiga la toma de un crédito de 60 millones de pesos/dólares”, publicó el diario Página 12. El diputado que sostiene la candidatura presidencial de Julio Cobos en 2011 opinó también sobre el conflicto con Gran Bretaña por la exploración petrolera en Malvinas: “El aislamiento internacional, la desatención de no contar con embajador en Londres, y la política petrolera son el resultado de una carencia de estrategia del gobierno kirchnerista”. Lo hizo cuando arribó de Londres, adonde viajó invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores inglés, cuando ya se conocía el envío de la plataforma petrolera Ocean Guardian y, también, la inmediata protesta diplomática argentina. Cuestiones del republicanismo.
